A- de 2025

Conflicto entre el Juzgado 008 Administrativo Oral del Circuito de Montería y la Superintendencia de Sociedades, causado por una demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentada por un ciudadano, contra el Departamento de Córdoba para que se declare responsable al Departamento de Córdoba por los daños y perjuicios ocasionados por la dilación en el pago de acreencias laborales pactadas en el acuerdo de reestructuración de la Gobernación de Córdoba.

Cumplidos los presupuestos del conflicto entre jurisdicciones, la Sala Plena advierte que la demanda limita las pretensiones a la indemnización de los perjuicios que presuntamente le ocasionó la entidad territorial por la demora en el pago de las acreencias laborales que le adeudaba, que no se ajustan a ninguno de los presupuestos en que la Superintendencia de Sociedades tiene competencia, de conformidad con la Ley 550/99, en particular su artículo 37.

En este sentido, la demanda y sus pretensiones se dirigen a demostrar la existencia de una omisión administrativa que ocasionó el daño antijurídico, con fundamento en el cual se busca el reconocimiento de un perjuicio moral, con lo cual es dable reiterar el Auto 3121/23, que contempla que, de conformidad con los artículos 104.1 y 140 del CPACA, la jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer las demandas de reparación directa en las que se pretende la indemnización de perjuicios derivada de las acciones u omisión de una entidad pública, como el departamento de Córdoba.